fbpx

Andalucía

Andalucía. La Cámara da luz verde al decreto-ley que refuerza la protección del litoral

Sevilla, 12 dic (EFE).- El Parlamento de Andalucía ha dado hoy luz verde a la convalidación del decreto-ley de medidas urgentes para adecuar la planificación urbanística de los ayuntamientos a las exigencias de sostenibilidad, con el fin de preservar los espacios no urbanizados del litoral ante la presión urbanística.

La Cámara ha convalidado el decreto-ley con los votos del PSOE e IU y ha rechazado, también con los votos de estos dos partidos, la propuesta del PP de que se tramitara como un proyecto de ley. El consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas, ha asegurado que se prevé acordar su formulación en enero y que se va a hacer “un gran esfuerzo” para que la suspensión afecte lo menos posible, por lo que ha pedido la colaboración de los partidos. Ha señalado que el plan cuenta con el “objetivo claro” de mejorar la calidad de las zonas costeras, con un desarrollo sostenible que “contribuirá a potenciar la competitividad de Andalucía”. Ha indicado que la mayoría de planes urbanísticos siguen “anclados en modelos de ciudad expansivos y obsoletos”, con un “urbanismo durmiente” compuesto por muchos proyectos que están “en los cajones” y que han quedado “desfasados y sin sentido”.

La parlamentaria del PP Alicia Martínez, ha criticado el plan porque cree que su verdadera finalidad es paralizar los desarrollos urbanísticos en el litoral y ha cuestionado su urgencia y necesidad, ya que es “una muestra más del peaje que paga el PSOE a IU”. Ha indicado que con él la Junta reconoce “que lo hecho hasta ahora no sirve para nada” y ha preguntado por qué se miró “hacia otro lado” en el Algarrobico o en la época de Jesús Gil en Marbella, cuando ahora se pretende un “rescate urbanístico” a los consistorios del litoral, en su mayoría gobernados por el PP.

Martínez ha hecho hincapié en que tendrá consecuencias económicas, ya que “parar el urbanismo paraliza la economía” de la región y considera que es “un atentado contra la principal economía en Andalucía, que es el turismo”, pretendiendo hacer un “estado de sitio” para controlar a los ayuntamientos. El portavoz parlamentario de IU, Manuel Baena, ha señalado que se trata de un plan “importantísimo” porque significa la “toma de conciencia” para intervenir en una cuestión pública y ha dicho que su formación está dispuesta a colaborar en la elaboración del plan.

La norma, aprobada por el Consejo de Gobierno el pasado 26 de noviembre, dispone la elaboración del Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, que permitirá proteger los espacios no urbanizados y evitar el deterioro del paisaje y la pérdida de ecosistemas, así como aumentar la calidad de la franja costera, que ocupa un 15 % de la superficie y acoge al 40 % de la población.

Para garantizar la efectividad del plan durante su elaboración, el decreto-ley suspende cautelarmente la tramitación urbanística de los suelos urbanizables no desarrollados de aquellos municipios litorales no adaptados al POTA y que, por tanto, no garantizan su adecuación a las previsiones de crecimiento contenidas en el mismo.

Esta suspensión, de carácter inmediato, afectará a 52 municipios costeros y estará en vigor hasta que el plan se someta al trámite de información pública, en el plazo de seis meses. Posteriormente, y hasta su aprobación definitiva en un plazo de 2 años, la medida cautelar se mantendrá en los terrenos identificados expresamente en el documento que se somete a información pública.

El objetivo del Gobierno andaluz es frenar las previsiones de crecimiento elaboradas hace años y no acordes con las exigencias actuales, ya que en las últimas cinco décadas la intensa actividad económica ha dado lugar a que ya se encuentre ocupado casi el 40 % de los terrenos situados en los primeros 500 metros de costa.

Por su jerarquía, el documento será vinculante tanto para el planeamiento urbanístico municipal como para los planes de ordenación del territorio de ámbito subregional, y permitirá adoptar determinaciones tanto en los suelos urbanizables como no urbanizables adecuándolos a las condiciones de sostenibilidad establecidas en la legislación y planificación autonómica.

Más allá del ámbito litoral, el decreto incluye diversas medidas para incentivar y acelerar la adecuación de los planes urbanísticos municipales al POTA, para lo que establece que la adaptación debe realizarse a través de la revisión del planeamiento municipal, en los plazos establecidos para la misma, y si éste no se hubiera establecido, en el plazo máximo de 8 años desde su entrada en vigor.

La falta de adaptación conllevará la imposibilidad de aprobar instrumentos de desarrollo que supongan crecimientos urbanísticos que superen los límites regulados en el POTA. EFE

Fuente: EFEverde